La construcción de edificios de gran altura en el centro de la ciudad, lo mismo que otras obras en la periferia urbana, da cuenta de una positiva actividad inmobiliaria en la comuna y son una señal -en medio de un año donde la economía marcha a paso lento- del interés de ese sector por seguir invirtiendo en la nueva capital regional. Sin embargo, dada la precariedad de la trama vial de la ciudad, lo que debería ser una buena noticia por su impacto en la economía local y en la calidad de vida de los chillanejos que verán aumentar la oferta de departamentos y oficinas, es también motivo de preocupación.
En efecto, al interior del gobierno comunal y algunos arquitectos y urbanistas de la ciudad se han levantado algunas voces de alerta sobre el efecto que pueden tener alrededor de 800 nuevos estacionamientos que serán instalados bajo la superficie o sobre ella, pertenecientes a estas torres ubicadas en pleno centro cívico.
El tema probablemente será discutido en próximas sesiones de concejo municipal, aunque en honor a la verdad es muy poco lo que pueden hacer, pues además de tardío el debate, es inoficioso, pues no puede imponer nuevas condiciones a los proyectos y menos alterar los permisos ya otorgados.
Desde el punto de vista legal, un municipio no puede negar los permisos de edificación a las empresas constructoras, si éstas cuentan con todos los requisitos legales, aunque el sentido común dicte que un determinado proyecto empeorará la congestión.
De ahí la importancia de la responsabilidad social de las empresas constructoras, pues la buena relación con el entorno es clave para la sustentabilidad del negocio y de la marca. Y aunque nadie desconoce que la inversión en vialidad es una responsabilidad del Estado, la que no ha sido asumida con eficiencia en Chillán, eso no se puede traducir en un virtual desentendimiento por parte de las constructoras a la hora de mitigar sus impactos, pues se trata también de asegurar un estándar de calidad de vida adecuado a sus clientes.
Más allá de lo anterior, hay que convenir que la ciudad la construyen todos, razón por la cual, ante la crisis vial que enfrenta, sería muy conveniente establecer instancias de diálogo entre la autoridad municipal y el mundo privado, con el fin de consensuar voluntades en torno a la superación de diversos problemas derivados de la falta de conectividad. Lo ocurrido con las obras de mitigación que construirá la firma Vivocorp en avenida Vicente Méndez, es un buen ejemplo de cómo la gestión municipal puede ayudar a corregir las externalidades negativas -en este caso el aumento del tráfico vehicular- de un proyecto de inversión.
Partiendo de la premisa de que el bien común es el bien superior, la búsqueda de acuerdos entre la autoridad y los inversionistas podría llegar a soluciones consensuadas, como por ejemplo, el financiamiento mixto (público-privado) de obras de infraestructura vial que se hacen urgentes y que el municipio no puede abordar por sí solo y la burocracia estatal tardaría años en resolver.
