La última sesión del Consejo Regional de Ñuble (CORE) estuvo marcada por intensos debates relacionados con la falta de la Cuenta Pública del intendente Cristóbal Jardúa, la que debería haber sido realizada durante el mes de mayo pasado.
En la reunión, realizada el pasado martes 15 de junio, los representantes políticos debatieron profundamente si es que se trató de un error involuntario de la autoridad regional, de un estilo de gestión heredada, de faltas administrativas de sus subalternos que deben ser perseguidas o de una suerte de “complot” interno.
En el marco de las discusiones, llamó la atención la referencia a la llamada “doctrina Arrau”, que seguiría imperando dentro de la Intendencia y del GORE, y que entre cosas se manifestaría, según los consejeros, por un descrédito permanente hacia los cores, el secretismo en las acciones y falta de información respecto de las decisiones adoptadas.
El tema fue abordado primeramente por el consejero Hernán Álvarez Román, quien deploró la actitud de Intendencia de no presentar una Cuenta Pública formal como lo establece la ley.
El representante DC comentó que aquello“tiene que ver con el artículo 28 de la Ley Nº 19.175 y la obligatoriedad del Ejecutivo en dar cuenta de su gestión al seno del Consejo Regional, lo que debería haberse realizado el mes de mayo, tal como establece la norma, y que además señala que al no haber cumplido con esta cuenta ante el Concejo Regional, es motivo de notable abandono de funciones”.
Durante la sesión, Álvarez mostró su rechazo a que el intendente Jardúa entregara su cuenta, “porque eso significaría ser cómplice de vulnerar una ley que está claramente establecida, lo que significa un notable abandono de funciones de acuerdo al artículo 26 (Ley 19.175)”.
Tras ello, se preguntó que ante una falta administrativa cometida por el intendente, “¿cuál es el papel del Consejo cuando una autoridad vulnera las normativas legales?”.
El consejero Javier Ávila (RN)no escondió su preocupación frente a la compleja situación en la que se vio envuelto el intendente regional.
Ávila comentó en esta ocasión, “se repitió exactamente la misma situación del año anterior, en que la ‘doctrina Arrau’ no consideraba al Consejo y se percataron a última hora que estaban cometiendo un infracción que les podía significar un problema mayor, y sobre la marcha pidieron a última hora una Sesión Extraordinaria, a lo que el Consejo Regional accedió demostrando siempre su buena disposición y se pudo salvar una situación que era compleja”.
Ávila subrayó que “a diferencia del año anterior y de acuerdo a los antecedentes que maneja, no hay ‘doctrina Jardúa’en esa dirección, pero la doctrina anterior quedó infiltrada entre quienes asesoran o toman decisiones en el ámbito de la gestión del ejecutivo”.
Según lo dicho en el acta oficial, “los funcionarios han llevado al intendente a una a una situación compleja, aun conociendo la situación vivida el año anterior y conociendo perfectamente la norma legal que tiene el Ejecutivo de dar cuenta pública ante el Consejo Regional en fechas que son determinantes”.
“Menosprecio”
En tanto el consejero Arnoldo Jiménez
(PPD), volviendo sobre la llamada “doctrina Arrau”, que prevalecería dentro del GORE, indicó que “desde que se instaló esta región, “se hace común en cierta medida un grado de menosprecio a los representantes de la ciudadanía dentro del Gobierno Regional, donde no han sido considerados en diferentes actos públicos muy importantes; no ha habido agilidad en poder tener sus estacionamientos a través de largo tiempo, larga espera en poder gestionar sus credenciales como consejeros regionales y un sinfín de situaciones en donde queda claro que al Consejo Regional lo dejan afuera y es como un desprecio a los representantes elegidos por la ciudadanía. Hoy se corona con esta acción, porque la ley dice claramente que hay que dar una Cuenta Pública al Consejo Regional”.
Durante la sesión anterior se refirió al tema el administrador regional Patricio Parejas, quien destacó que antes de que la falta se hiciera pública conversó con personal de Intendencia, quienes le confirmaron que “el año anterior se había hecho de una forma y que este año se volvería a replicar”. Una vez que quedó en evidencia el problema, “se encienden las alarmas”.
Cuenta al CORE
El consejero Rodrigo Dinamarca, quien deploró que el tema se hiciera público, acusó fallas en personal de comunicaciones y asesores del actual intendente que provienen de la administración anterior, lo que a su juicio, “es una falta reiterativa que cae en algunos funcionarios del GORE”.
Tras los debates, el intendente pudo entregar un análisis de la marcha de la región, pero como advirtieron Javier Ávila, Hernán Álvarez y Arnoldo Jiménez, se trata de “una cuenta al consejo y no una Cuenta Pública propiamente tal”, dado lo extemporáneo de ella.
Desde la oposición se estudian los antecedentes para recurrir al Tricel y acusar al intendente de notable abandono de deberes.
