Los hogares más vulnerables que viven del comercio informal y que en promedio no juntan al mes más de $200.000, son el principal objetivo de la Ley del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En marzo de 2020 el valor de la línea de la pobreza por ingresos fue determinada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en $170.580 por persona equivalente; la línea de la pobreza extrema por ingresos quedó en $113.720 por persona equivalente. Para determinar la línea de la pobreza por persona equivalente, se utilizó un hogar promedio del estrato de referencia, formado por 4,43 personas.
El proyecto de ley que crea el ingreso familiar de emergencia, aprobado en general por la Cámara de Diputados, considera para aquellos hogares que pertenecen al 40% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, un ingreso por 3 meses con un valor de $65.000 por persona el primer mes, el segundo mes el 85% de dicho valor y, por último, el tercer mes un 70% del valor inicial. Ingreso mensual que está muy por debajo de la línea de extrema pobreza.
¿Qué es lo que necesita la población? Certeza de que, por el tiempo que dure los efectos de la pandemia, podrán tener los alimentos, remedios y servicios básicos que les permita sobrevivir durante la emergencia. El manto protector que ofrece el mencionado proyecto de ley aún está muy lejos de cumplir con lo que necesita la población. Primero, el monto mensual considerado por persona es insuficiente para superar en emergencia la línea de extrema pobreza – esto significa que, los hogares más vulnerables que perdieron su fuente de ingresos, estarán enfrentando el peor de todos los mundos – y, segundo, existe mucha incertidumbre respecto del período durante el cual se extenderá la emergencia; los más optimistas hablan de agosto de 2020; los más pesimistas extienden la crisis hasta el año 2022.
Sin lugar a duda, el bien más valorado por la población es tener la seguridad que los alimentos y los bienes de primera necesidad no faltarán durante el tiempo que dure la emergencia. Hasta el minuto, ninguno de los anuncios de ayuda que ha implementado el gobierno otorga la tranquilidad que los hogares más vulnerables del país requieren.
En este sentido, hecho de menos un llamado del gobierno a sumar esfuerzos públicos y privados que le garanticen a la población más vulnerable el abastecimiento de alimentos, remedios y servicios básicos para enfrentar un largo período de enclaustramiento. En este escenario, los bonos pierden efectividad ya sea porque su monto es insuficiente o porque nadie puede asegurar que se destinarán a cubrir los bienes de primera necesidad.
Si el valor per cápita de la canasta básica de alimentos (CBA) es de $45.528, el gasto per cápita estimado en remedios para el primer quintil de ingresos es de $15.000 y el gasto per cápita en servicios básicos del hogar per cápita es de $20.000 (luz, agua, gas y calefacción) significa que, independiente de las transferencias que considere la política social, debiera asegurarse que los hogares reciban servicios por dicho valor, independiente del medio de pago que se utilice. De esta manera, se dispondrá de un manto protector que evite el hambre y se haga cargo de las necesidades mínimas de los hogares de nuestro país.
