No hay día que no transcurra sin los mal llamados “accidentes viales”, pues algo evitable no es un accidente. Por este motivo, la concientización y el trabajo de prevención son herramientas valiosas para reducir las abultadas estadísticas que estamos construyendo.
Precisamente las autoridades a nivel nacional y local han hecho un llamado a conducir con responsabilidad en las fiestas de fin de año, a no consumir alcohol ni drogas al manejar, y también dieron a conocer el perfil de los conductores fiscalizados con el programa Tolerancia Cero de Senda.
Todos los años fallecen aproximadamente 2 mil personas en nuestro país por siniestros viales. El año pasado, según detalló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz, 7.843 de los accidentes viales tuvieron que ver con el consumo de alcohol y 50 personas fallecieron directamente por esta razón. Para Navidad del 2021 murieron 28 personas en siniestros viales, mientras que para el Año Nuevo fueron 22 los decesos.
Lamentablemente, al revisar las cifras históricas, esto se viene repitiendo una y otra vez en las fiestas decembrinas a lo largo de los últimos años.
Y no se ha llegado a este preocupante nivel por obra y gracia del azar, sino por la existencia de innumerables inconductas de quienes no acatan, en todo o en parte, las reglamentaciones viales vigentes; por la falta de sanción de estas inconductas por parte de quienes tienen la facultad para hacerlo, y por la desidia manifiesta de organismos públicos y empresas concesionarias que no han logrado entender los comportamientos de traslado de las comunidades que viven a orillas de las rutas.
Hasta aquí el problema cultural de una sociedad irresponsable, con un evidente desprecio por la vida. Pero hay otras respuestas y esas las dan los técnicos, quienes en el caso de la alta tasa de atropellos apuntan a la falta de pasarelas en las carreteras y de pasos habilitados en el resto de los caminos transversales que conducen a sectores rurales de Ñuble.
El Estado, lo mismo que las empresas concesionarias, según sea el caso, deben asumir que los costos de obras de conectividad y seguridad vial en zonas rurales hay que calcularlos con indicadores de rentabilidad social distintos a los de las áreas urbanas. Conductores y peatones, en tanto, deben ser conscientes que el efectivo cumplimiento de las normas de seguridad vial evitaría un alto porcentaje de los siniestros que hoy lamentamos.
En definitiva, a la luz de las últimas estadísticas, que no hacen más que ratificar una realidad ominosa (víctimas mortales y heridos con secuelas graves), se hace perentorio poner fin a esta verdadera epidemia de accidentes viales que sufrimos los ñublensinos. Sesenta personas han fallecido este año en distintas rutas de la región.
La experiencia de otros países y la opinión de los expertos indican que el problema debe ser enfrentado con diversas medidas necesariamente integradas, producto de una formulación previa de objetivos y políticas globales en torno del tema, donde la permanente educación vial es clave.
Como puede advertirse, estamos ante un fenómeno complejo y la necesidad de una pronta reacción compete a todos, a cada uno en su campo de acción, por modesto que sea. Recordemos: si se puede evitar, no es un accidente.
