El ministro de Hacienda, Mario Marcel, informó que Chile comenzará a operar en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) desde comienzos de 2023.
En el marco de su participación en un seminario organizado por el Club Monetario, el secretario de Estado fue consultado por el tratado y la estrategia de las side letters.
En esa línea, Marcel mencionó que “todos sabemos que hubo mucha controversia cuando se negoció el tratado. A lo que ha ido evolucionando es un tratado que los temas más controvertidos en su momento, que eran los de propiedad intelectual, desaparecieron con la salida de Estados Unidos, donde quedó una preocupación por el tema de la protección de inversiones”, afirmó, en declaraciones emitidas por CNN Chile.
Asimismo, aseguró que “cambió el entorno global donde se ubica el TPP11” y agregó: “Hoy estamos en una época de conflictos comerciales entre las principales potencias del mundo, entonces para mí, la pregunta es, en ese escenario que no va a desaparecer, ¿dónde queremos estar nosotros?”.
“Una posibilidad es que seamos un barquito a la deriva, la otra posibilidad es que caigamos en las presiones de los dos principales socios comerciales que tenemos que están peleados entre ellos, y la otra posibilidad es que formemos parte de un bloque que tenga claro que decir en conjunto en este contexto económico mundial“, indicó.
Juan Sutil
Respecto al anuncio, el presidente de la Confederación De La Producción Y Del Comercio (CPC), Juan Sutil, sostuvo que “mientras más acuerdos comerciales, mientras más mercados abrimos, si los acuerdos comerciales protegen la inversión extranjera, más vamos a tener en Chile, que es fundamental para empleos de calidad“, argumento.
Críticas desde ONG
Hasta ahora, varias ONG como Greenpeace y FIMA, dedicadas a la defensa medio ambiental, han cuestionado la posición del Gobierno considerando, sostienen, que el TPP-11 amplía las posibilidades de que Chile sea demandado en tribunales arbitrales internacionales, así como obligaciones de transparencia y coherencia regulatorias pensadas para favorecer a dichas empresas y capitales. Mientras que, por el contrario, el Acuerdo de Escazú genera una distribución de poder interna que le permite a la ciudadanía mejores oportunidades para, efectivamente, ejercer su soberanía.
